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Manifiesto del Encuentro Nacional de Lideresas 2018

November 18, 2018

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Carta al Presidente Moreno sobre la institucionalidad de derechos humanos en Ecuador

Señor Licenciado
Lenin Moreno
Presidente Constitucional de la República
Presente

 

Señor Presidente:

 

Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación, dolor e indignación por el aumento de femicidios en el país, resultado de la escalada de violencia machista de los últimos cuatro años, así como por la falta de aplicación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, razón por la cual Defensoras/es de Derechos Humanos de varias organizaciones declaramos #EmergenciaSocialEnEcuador desde el 26 de agosto pasado.

Las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador consideramos que el ajuste institucional constituye una oportunidad para recuperar el espíritu de Montecristi y contribuir a la operativización del mandato constitucional de crear los sistemas especializados de protección integral de derechos (Art. 341 y 342), al mismo tiempo que garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos. Por ello, consideramos que no se puede fragmentar la atención y garantía de los derechos distribuyendo competencias a varias instituciones del Estado, poniendo en riesgo la integralidad, el sentido y la importancia de las políticas públicas de protección de derechos, así como la rendición de cuentas y el seguimiento de las recomendaciones de los comités internacionales de derechos humanos.

En este marco consideramos señor Presidente que es necesario establecer una Secretaría de Derechos Humanos adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, con rango de viceministerio, en la cual se incluyan subsecretarías especializadas: una de prevención de la violencia contra las mujeres, una de adolescentes en conflicto con la ley, en los dos casos, con sus servicios de protección especial, casas de acogida y centros de atención especializados; una para atender pueblos indígenas en aislamiento voluntario; y una para el seguimiento de convenciones internacionales de derechos humanos, a fin de viabilizar la rectoría de las políticas públicas, su articulación interinstitucional y su territorialización.

La participación ciudadana y el diálogo sobre la presente propuesta son importantes, por ello insistimos en la necesidad de instalar de manera inmediata la Mesa Nacional de Diálogo con defensoras y defensores de derechos humanos.

En el escenario actual, el MIES es la única institución del Estado relacionada con políticas de protección integral de derechos que garantiza una importante presencia en el territorio a través de la red nacional de servicios de cuidado de niños/as, personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como niños/as y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad a causa de la violencia. El trabajo del MIES en asocio con gobiernos autónomos provinciales, cantonales y parroquiales, así como con organizaciones de la sociedad civil, su infraestructura, oficinas y transporte, constituirían una base importante para la construcción del sistema nacional descentralizado de prevención de violencia, atención, protección a las víctimas y reparación de sus derechos.

La rectoría de la Ley de Violencia no puede ser trasladada al Ministerio del Interior y reducir su tratamiento a la seguridad ciudadana; sus funciones y competencias están claramente delimitadas en el Art. 27 de la Ley en torno a las medidas de protección de las víctimas, el registro único de víctimas en coordinación con el ente rector y el Consejo de la Judicatura, así como el fortalecimiento las capacidades de los operadores de seguridad y los Tenientes Políticas para atender a las víctimas con enfoque de género y derechos de las mujeres; su labor en el ámbito de la prevención es importante en el ámbito de la seguridad, tal como lo establece el Art. 59 de la Ley, articulando el Sistema de Alerta temprana para evitar el femicidio.

La rectoría de la Ley, tampoco debe ir al Ministerio de la Política porque su objetivo es “Generar adhesión de la ciudadanía a la acción política del gobierno mediante una gestión, diálogo y comunicación directa, veraz, oportuna e incluyente”; como operador político del gobierno en los territorios, carente de una estructura institucional desconcentrada y que no se compagina con la labor técnica para la creación de los mecanismos legales e institucionales del sistema nacional descentralizado de prevención de la violencia, protección de las víctimas y reparación de sus derechos.

Así mismo, señor Presidente queremos señalar que la rectoría de la Ley de Violencia, por su naturaleza implica políticas públicas integrales de prevención, protección y reparación de las víctimas, las cuales son funciones del Ejecutivo; la Función Judicial tiene su rol específico en materia de acceso de las mujeres a la justicia, para lo cual se hace imprescindible retomar el fortalecimiento de la justicia especializada.

De otra parte, queremos informarle que las funciones asignadas en la Ley de Violencia al Consejo Nacional de Igualdad de Género en materia de observancia, participación de la sociedad civil, comités ciudadanos, creación y funcionamiento del Observatorio Nacional de Violencia, así como apoyo a la potenciación de capacidades de las instituciones del sistema fue concertado por las autoridades del ex Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de Igualdad de Género y la Comisión Especial de la Asamblea Nacional bajo el argumento de que el Consejo no tendría las capacidades institucionales, técnicas y presupuestarias para la rectoría de la Ley.

Finalmente señor Presidente queremos expresarle que las mujeres ecuatorianas organizadas aspiramos a contar en el mediano plazo con un mecanismo de la mujer fortalecido, con alta jerarquía en el Estado, con capacidades técnicas y presupuestarias, para lo cual planteamos la necesidad de la reforma a la Ley de Consejos de Igualdad.

A las mujeres ecuatorianas, nos siguen matando en todo el territorio nacional, la respuesta es urgente. La oportunidad para que el Estado asuma su obligación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, es ahora!

 

Muy atentamente,

 

Por la Coalición Nacional de las Mujeres

 

Rocío Rosero Garcés

 

 

 

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