Las organizaciones firmantes demandamos de la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de las Violencias que incluya no solamente los diversos tipos y ámbitos de la violencia sino que establezca los mecanismos institucionales que garanticen la implementación y funcionamiento del sistema nacional descentralizado basado en el territorio, abordando el problema de la violencia contra las niñas y mujeres, desde sus causas estructurales, para darle una respuesta adecuada y efectiva.

Llegar al punto actual en el tratamiento de una ley contra la violencia le ha significado al movimiento de mujeres, una acción continua y sistemática de incidencia durante los últimos tres años, en la que enfrentamos no sólo la insensibilidad frente a la magnitud de la violencia contra las mujeres y las niñas en el país, sino la evasiva constante sobre las responsabilidades del Estado ecuatoriano como garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  En su momento, se argumentó que era suficiente con la legislación penal vigente Es decir, normas de carácter punitivo y sancionatorias incluidas en el Código Orgánico Integral Penal de 2014 y con ello, se cercenó la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (conocida como Ley 103), dejándola inutilizada.
No podemos dejar de mencionar que lo que sucedió con la Ley 103 hacía parte de una estrategia global de arremetida contra los derechos específicos de las mujeres y de otros sujetos sociales como las personas LGBTI, lxs niñxs y adolescentes, los pueblos y nacionalidades indígenas, las personas con discapacidades, las personas adultas mayores, arremetida que desmanteló no sólo la legislación que estableció en la década de los noventas un conjunto de acciones afirmativas, como es  también el caso de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, sino que desdibujó la naturaleza y el rol de los mecanismos nacionales para la igualdad y de todos los mecanismos establecidos en todas las funciones del Estado en los diferentes niveles de gobierno, contraviniendo de manera sistemática los compromisos asumidos por el Estado Ecuatoriano en el marco internacional de derechos humanos de las mujeres y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y Conferencias Internacionales y Regionales de la Mujer. 
Queremos expresar categóricamente que el compromiso tanto de la  Función Ejecutiva con la “Cruzada Nacional por la Erradicación de la Violencia” (Junio, 2017) como del Legislativo para erradicar el feminicidio y la violencia en contra de las mujeres y las niñas (Resolución Legislativa del 11 de Julio/2017), deben plasmarse en un conjunto de cuerpos legales y de políticas públicas debidamente financiadas que, a través de una Ley de Prevención y Erradicación de la  Violencia y el Código Orgánico de Salud, como dos prioridades fundamentales de las mujeres organizadas, aborden de manera integral y complementaria las diversas manifestaciones de las violencias y una acción sistemática del Estado para crear condiciones para una vida libre de discriminaciones y violencias, basada en el respeto, la protección y la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y el conjunto de derechos humanos de las mujeres garantizados en la Constitución de la República, aprobada en 2008.
Los retos que plantea la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de las Violencias, constituyen sin duda un gran desafío para el ordenamiento jurídico nacional que históricamente ha tendido a resolver desde una visión fragmentada, unidimensional y muchas veces retórica, las problemáticas que aquejan a la sociedad. Además, estas normas no  han establecido acciones efectivas para el cambio de los patrones sociales y culturales machistas, sexistas, misóginos y androcéntricos que están matando, cada 50 horas, a las mujeres y niñas de nuestro país.
Estamos conscientes de que la expedición de medidas legislativas son parte de la respuesta ante la problemática de origen multicausal, por ello, creemos necesario y urgente que la Ley Orgánica Integral de Prevención y erradicación de la Violencia contra la Mujer incluya a las mujeres en todas sus diversidades sin excepción. No obstante, las leyes, en sí mismas, no son la panacea. Por sí solas no pueden evitar que las niñas y mujeres sigan muriendo en manos de la violencia machista, por tanto, sabemos también  que se necesita de una  estrategia nacional conjunta de todos los actores y sectores sociales, económicos y políticos del país, para construir una sociedad justa, igualitaria, basada en el respecto a la dignidad y la vida de las mujeres y las niñas ecuatorianas.
Ante la inminente aprobación del Informe para el primer debate del proyecto de Ley en cuestión comunicamos que para nuestras organizaciones, colectivos y movimientos no tendrá mayor valor arribar a esta meta si se persiste en aprobar una Ley declarativa, que no incorpore al conjunto de la institucionalidad pública en el sistema nacional descentralizado para la prevención, protección/atención a las víctimas y sobrevivientes de violencia y reparación de sus derechos, partiendo del anclaje del sistema en los GAD´s a nivel territorial y otorgándoles el mandato, la decisión y los recursos para tomar medidas de protección y articular de manera sostenible políticas públicas locales de prevención, protección y reparación, en articulación estrecha con el sistema nacional de justicia.
Tras tantos años de reivindicaciones y lucha, de denuncia nacional e internacional, de marchas, reclamos, recomendaciones de organismos internacionales y reconocimiento estatal respecto a la necesidad de superar el marco normativo actual, entendemos que es posible avanzar.
Nuestra paciencia histórica se agota frente al dolor y sufrimiento por la desaparición de las víctimas de feminicidios y abusos sexuales masivos y sus familias en el sistema educativo. Hemos esperado tanto que no aceptaremos una Ley que no cuente con el marco institucional pertinente y los recursos de toda índole, para el tratamiento integral que requiere la erradicación de la violencia.
Las mujeres ecuatorianas y el país entero nos merecemos una buena Ley que dé respuestas certeras a la pandemia nacional y global de la violencia. Las organizaciones de la sociedad civil organizada trabajamos hace tiempo en la propuesta de Ley y la Asamblea Nacional hoy tiene la posibilidad  de marcar la diferencia.
No podemos esperar más. Las y los asambleístas elegidos para el periodo 2017-2021 tienen el privilegio/responsabilidad de plasmar ese compromiso para mantener la prevención, protección, reparación integral y erradicación de la violencia como una prioridad de Estado, causa común supra partidaria que supere las posturas políticas e ideologías legítimas.
!Hagamos esa diferencia como país!¡Hagamos esa diferencia, incorporando todas las demandas de las organizaciones feministas y de mujeres del Ecuador!
¡Hagamos la diferencia promoviendo el respeto a la dignidad y la vida de las mujeres.
Por el derecho de las mujeres y las niñas ecuatorianas a una vida libre de violencias!

  • Firmas de apoyo:
  • Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador
  • Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo – ACDemocracia
  • Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales del Ecuador – AMJUPRE
  • Centro de Desarrollo Alternativo – CEDEAL
  • Colectivo Feminista Más de Ocho – Ibarra
  • Colectivo Político Luna Creciente
  • Colectiva Salud Mujeres Ecuador
  • Cabildo por las Mujeres del Cantón Cuenca
  • Confederación Ecuatoriana de Mujeres por el Cambio
  • Consejo de Mujeres Negras – San Lorenzo
  • Construyendo Igualdad
  • Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género
  • Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador
  • Coordinadora Regional de Mujeres del Sur
  • Dirigencia de la Mujer – CONAIEEl Parto es Nuestro
  • Federación de Mujeres de Sucumbíos
  • Frente Ecuatoriano de Derechos Sexuales y Reproductivos
  • Frente de la Mujer Trabajadora de CEOSL
  • Fundación Desafío
  • Fundacion Dayuma
  • Movimiento de Mujeres de Cayambe
  • Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente
  • Mujeres por el CambioMujeres por la equidad de género y la autonomía
  • Mujeres Salasaka
  • Nosotras por la Democracia
  • Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Quito
  • Observatorio Ciudadano de la Comunicación – Cuenca
  • Organización de Mujeres de Cotopaxi – OMICSE
  • Organización de Mujeres de Ayora – Cayambe
  • Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres
  • Plataforma por la Salud y por la Vida
  • Red de Mujeres Políticas del Ecuador – REMPE
  • Red Nacional de Mujeres Locales
  • Surkuna, Centro de Derechos Humanos
  • Tejedoras Manabitas – Movimiento de Mujeres de Manabí

  • Otras organizaciones sociales que adhieren:
  • Asamblea de Quito
  • Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.»
  • Federación Nacional de Periodistas – FENAPE
  • Foro de Salud Pública
  • Fundación EQUIDADFUNDAMEDIOS
  • Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías
  • Observatorio de Derechos LGBTI del Azuay
  • Organización Verde Equilibrante – Cuenca
  • Participación Ciudadana
  • Plataforma por la Salud y por la Vida
  • Plataforma para la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos
  • Silueta Cuenca LGBTI
  • Unión Nacional de Educadores – UNE Nacional

  • Personas que adhieren a título individual
  • Pilar Rivas Castro, Quito
  • Mercy Muñoz, Ambato
  • Cecilia Lincango, Quito