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Feministas latinoamericanas y caribeñas en la XIV Conferencia Regional de la Mujer

La Conferencia Regional de la Mujer tuvo su primera reunión en La Habana en 1977. Este espacio apostaba por que las demandas sociales en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género que empezaban a cruzar los países se convirtieran en compromisos gubernamentales. En 1977 se adoptó el Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, que fue la primera hoja de ruta que tuvo la región para avanzar hacia el reconocimiento del aporte de las mujeres a la sociedad y para hacer visibles los obstáculos que enfrentaban para mejorar su situación. Fue también en esa oportunidad cuando los Gobiernos de la región le entregaron a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el mandato de convocar, con carácter permanente y regular y en intervalos no superiores a tres años, una Conferencia Regional sobre la Mujer.

Feministas latinoamericanas y caribeñas en la XIV Conferencia Regional de la Mujer

​​La de Santiago fue la Conferencia Regional número catorce y es la primera vez que no hay consenso sino Compromiso. En efecto, la negociación del Compromiso de Santiago estuvo marcada por la posición política anti derechos de las mujeres de los gobiernos de Brasil, Bolivia y Nicaragua que junto a otros países del Caribe pretenden cambiar el curso de la historia y presionan para retroceder en derechos, y por tanto, en los contenidos y el lenguaje acordados durante 43 años.
Las expresiones de las feministas de todas las generaciones presentes en los eventos estuvieron marcadas por el señalamiento categórico de que el modelo económico depredador no va más en ninguno de nuestros países; que en el contexto actual, las democracias están debilitadas y frágiles, y se pretenden instalar conservadurismos capaces de criminalizar y reprimir de la protesta social. 
En este marco, las demanda de las organizaciones feministas a los gobiernos, los organismos internacionales y las agencias de cooperación señaló como prioridad la necesidad de articular al estado, la sociedad civil, organismos multilaterales y otros actores para acelerar la decisión política y la inversión en la igualdad como elemento esencial del logro de los objetivos del desarrollo sostenible.
Es importante señalar por otra parte el reconocimiento de la Conferencia Regional al rol de los movimientos feministas, el trabajo comprometido de las organizaciones nacionales y redes regionales, de las activistas  y defensoras de los derechos humanos de las mujeres a lo largo y ancho de América Latina y El Caribe.

XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Carbe

Argentina será la sede de la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer

La XIV Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en CEPAL, Santiago de Chile, culminó con un fuerte rechazo de las organizaciones de feministas contra los gobiernos de Chile, Brasil y Bolivia. Los países aprobaron el “Compromiso de Santiago”.

Santiago de Chile, 31 de enero de 2020. La Argentina será la sede de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, a realizarse en 2022. El anuncio fue realizado hoy, cuando culminó la XIV Conferencia en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que comenzó el 27 de enero, con la participación de los Estados y organizaciones de la sociedad civil.º
Los países de la región aprobaron el Compromiso de Santiago, que puede descargarse aquí: https://conferenciamujer.cepal.org/14/es/documentos/compromiso-santiagoEl Compromiso establece tomar medidas para implementar la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda Regional de Género “fortaleciendo la institucionalidad y la arquitectura de género a través de la jerarquización de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y de la transversalización de la perspectiva de género en los diferentes niveles del Estado”.
El Compromiso de Santiago contiene 48 puntos de acuerdo en áreas sensibles, que proponen objetivos tendientes a erradicar la violencia de género, otorgar acceso universal a servicios de salud integrales, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, impulsar leyes contra la discriminación y respetar los derechos de mujeres, niñas, poblaciones afrodescendientes, indígenas y del colectivo LGBTQI+, fomentar la participación laboral de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, implementar políticas y programas que contribuyan a un envejecimiento saludable y activo, reducir la brecha salarial y aumentar la representación de las mujeres en la toma de decisiones a fin de alcanzar la democracia paritaria, entre otros. En la apertura de la Conferencia, las feministas presentes se levantaron de sus sillas al comenzar el discurso la ministra de la Mujer de Chile, Isabel Plá, y se cubrieron un ojo con un parche rojo en señal de protesta contra la represión del gobierno chileno que dejó sin vista a mujeres y niñas durante las protestas en las que también fueron víctima de violaciones y femicidios. También se manifestaron contra la ministra de la Mujer de Brasil, Damares Alves, dándole la espalda mientras hablaba. Hoy, Alves no firmó el Compromiso de Santiago. Y las feministas repudiaron a Oscar Urquizu, viceministro de Igualdad de Oportunidades del Estado Plurinacional de Bolivia. Y le dieron la espalda a la ministra Plá, durante el cierre.
«Esta Conferencia culminó con la clara expresión de rechazo de las organizaciones feministas a los gobiernos de Chile, Bolivia y Brasil. El documento final aprobado por los gobiernos cubre casi plenamente nuestras iniciativas y personalmente estoy muy contenta de que Argentina sea la próxima sede de la conferencia dentro de tres años», dijo Mabel Bianco, co presidenta del Comité de ONGS para la Condición de la Mujer de América latina y el Caribe. El discurso de clausura de la Conferencia estuvo a cargo de Clarissa Guevara, de la Delegación de México, quien alentó a América Latina y el Caribe: “En consideración y aprobación del Compromiso de Santiago y del reconocimiento del liderazgo de las mujeres jóvenes, hoy quiero decirte: que no estás sola y no nos vamos a soltar, ¡y se va a caer porque lo vamos a tirar! ¡Al patriarcado tiraremos! Como un fuego que camina entre nosotras, por la lucha de transformarlo todo, por posibilitar las condiciones de vislumbrar otros futuros posibles y así rehabilitar la esperanza de las que siguen, las que vienen, las que ahora son nuestras niñas. Poder, fuerza, resiliencia y sororidad con todas ustedes.”

Insistimos, Resistimos y Avanzamos

Insistimos, Resistimos y Avanzamos

Declaración del Foro de Organizaciones Feministas Fabiola Campillai, en el marco de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada del 27 al 31 de enero de 2020 en Santiago de Chile.

Beijing cumple 25 años, la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres no fue una Conferencia más, llegamos a ella con la experiencia acumulada y los incuestionables avances previos, en particular la Conferencia de Viena, en la cual por primera vez los derechos de las mujeres se reconocieron como derechos humanos, y en la Conferencia de El Cairo, en la que los derechos reproductivos se instalaron, dejando abierta la puerta para los derechos sexuales. Y aquí estamos, 25 años después e

INSISTIMOS en:

Ratificar la Plataforma de Acción de Beijing, así como las agendas de CEDAW, Río, Viena, Cairo y Durban como hojas de ruta, reivindicando el papel que hemos jugado los movimientos de mujeres y feministas en la construcción y sostenimiento de estas agendas y llamando a estados, gobiernos y a diversos actores sociales a sumarse con nosotras en el reconocimiento de la igualdad como bien y horizonte de la humanidad.

Las organizaciones feministas y de mujeres manifestamos nuestra preocupación por el contexto económico y político en la región y en el mundo. Se trata de un sistema económico depredador, estructuralmente extractivista, no sólo de la naturaleza sino también del trabajo (remunerado y no remunerado), de los tiempos, de los territorios, de los recursos naturales y de los cuerpos.

Los actuales patrones de extractivismo, producción y consumo resultan incompatibles con la sostenibilidad de la vida. Esto se expone en las resistencias sociales en la región, con una presencia activa de los feminismos, en articulación con movimientos sociales que luchan por la justicia racial, étnica, generacional, económica y de género, quienes levantamos la voz para enfrentar la mercantilización de la vida.

Por ello, RESISTIMOS y reivindicamos el derecho a la protesta social, la cual no debe criminalizarse; rechazamos que, por oponernos a los mega proyectos, se pretenda responsabilizarnos por las insuficiencias en el desarrollo socioeconómico. No permitiremos que el extractivismo le haga a nuestras tierras y territorios, lo que el patriarcado le hace a nuestros cuerpos y por ello reivindicamos nuestra organización creciente, desde las organizaciones de base, campesinas, comunitarias, indígenas, migrantes, jóvenes, afrodescendientes, sindicalistas y de mujeres urbanas y rurales que resistimos y desafiamos las barreras lingüísticas y las desigualdades estructurales que reproducen condiciones de vida precaria y pobreza extrema.

Estamos acostumbradas a repetir que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y ahora vamos a acostumbrarnos a decir que somos también la región con el feminismo más potente y movilizador del planeta.

Nuestro permanente activismo, resistencia y defensa de derechos, se expresan en el marco de Estados y democracias debilitadas y frágiles, en donde se instalan conservadurismos capaces de criminalizar y reprimir de la protesta social. Defender derechos humanos, el territorio y ejercer el periodismo, se han convertido en actividades de alto riesgo. Aún en este contexto de violencia de estado, nosotras resistimos.

Nos encontramos en un momento de disputa cultural, en donde la igualdad de género enfrenta evidentes riesgos de retroceso ante la poderosa articulación de un patriarcado capitalista, misógino, lesbotranshomofóbico, racista y colonial, que se expresa en fundamentalismos religiosos, políticos, económicos y culturales. Ahora más que nunca reivindicamos el estado laico, como el marco para el avance de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

En este contexto, ratificamos nuestra posición de que la democracia -sin discriminación, ni exclusión alguna- es una condición básica para el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos humanos, por eso es fundamental asegurar las condiciones que posibiliten la participación de la sociedad civil, particularmente de las organizaciones feministas y de mujeres.

Seguiremos AVANZANDO

Desde la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing hemos avanzado, sin embargo lo logrado es poco y los retos permanecen y demandan la articulación estado, sociedad civil, organismos multilaterales y otros. Por ello:

Exigimos a los Estados que los compromisos se transformen en acciones concretas a favor de la igualdad y los derechos de las mujeres que cuenten con la asignación de recursos presupuestarios suficientes para avanzar las políticas necesarias, con mecanismos progresivos que garanticen la redistribución del ingreso y la riqueza.

Exigimos aborto legal, seguro, libre y gratuito en toda la región, su penalización y obstaculización deben ser tipificadas como violencias de estado porque los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos.

Exigimos que el cuerpo de las mujeres deje de ser territorio de conquista para los represores; alto a toda forma de represión incluido el uso de la violencia sexual como herramienta de control policial y militar en medio de las crisis en nuestros países, en particular por las recientes agresiones a las chilenas y nicaragûenses o las respuestas en diversos países ante las crisis migratorias.

Exigimos que los Estados rindan cuentas sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y las recomendaciones de los órganos de derechos humanos, con los que se han comprometido.

Insistimos en que se entienda de una vez por todas que, una paz sin las mujeres no es sostenible ni sustentable, y que sin justicia restaurativa, no hay posibilidad de construir sociedades pacíficas.

Instamos a los Estados a garantizar que la participación política de las mujeres, lesbianas, travestis, bisexuales, personas trans y no binaries, se ejerza sin temor a represalias y violencia, para lo que es necesaria una institucionalidad que garantice el acceso a la justicia, para que todas las mujeres -particularmente las afrodescendientes e indígenas- participemos en la gobernanza de los Estados de forma paritaria.

Convocamos a los gobiernos a reconocer que los modelos de desarrollo construidos sobre la expoliación, limitan las posibilidades de autonomía económica de las mujeres, tanto más de las niñas, mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, migrantes, trabajadoras, incluidas las trabajadoras sexuales, de las disidencias sexo genéricas, con discapacidades, y que viven con VIH.

Instamos a eliminar el racismo y la xenofobia institucionales, estableciendo políticas con perspectiva interseccional de atención y apoyo en los servicios públicos y los programas de protección social para las mujeres y niñas negras, migrantes e indígenas, y otras que sufren discriminación por motivos de raza o etnia.

Exigimos atención inmediata al cambio climático y sus afectaciones en toda la región con énfasis en El Caribe.

Exhortamos a los Estados a adoptar las medidas necesarias para eliminar los nudos de reproducción de la desigualdad económica, garantizando el acceso a empleos dignos, remunerados y de calidad, a la seguridad y soberanía alimentaria, a una vida libre de acoso y discriminación en el deporte, a promover una organización del cuidado socialmente co- responsable, universalizando la protección social, el acceso a servicios públicos de calidad, el acceso a la educación, incluida la Educación Integral de la Sexualidad, la salud y la infraestructura social en todos sus niveles.

Exigimos avanzar de forma inmediata en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, particularmente el feminicidio y las prácticas nocivas, por lo que exigimos que, la violencia sexual, las uniones, matrimonios y embarazos forzados en niñas y adolescentes no sigan ocurriendo. Garantizar una vida libre de violencia es una tarea impostergable.

Exigimos atención inmediata a la discriminación, violencia y acoso que enfrentan las mujeres en el mundo del trabajo, en particular las periodistas, porque la transformación de los medios y la comunicación digital y sus abordajes sexistas es necesaria para la transformación cultural a la que aspiramos.

Beijing sigue siendo nuestra agenda y exigimos su cumplimiento sin reducciones ni simplificaciones. Hoy los Estados afirman que “no quieran dejar nadie atrás” somos nosotras quienes no aceptamos ningún retroceso y no vamos a permitir que nos dejen atrás.

¡Nada sobre nosotras, sin nosotras!

ISOQuito 2007 – 2019

ISOQuito 2007 – 2019

La propuesta ISOQuito surgió como una iniciativa de la Articulación Feminista Mercosur, buscando establecer las bases del seguimiento de los acuerdos alcanzados en el Consenso de Quito, en agosto de 2007, en el marco de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por CEPAL. ISOQuito es entonces, una herramienta concebida para el seguimiento ciudadano y político de los Estados, desde las organizaciones sociales y políticas. A través de la creación de una metodología de índices multidimensionales se han calificado y ordenado a los países de la región, en función de los indicadores disponibles que reflejan algunos de los más importantes acuerdos alcanzados en el Consenso. Esta metodología — que trabaja con datos cuantitativos y cualitativos — trazó una línea de base al año 2007 que permite hoy, en el año 2019, evaluar los avances y rezagos que experimentan los países de la región.

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Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Ecuador

Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Ecuador

En Ecuador, la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja (VcM), afecta a por lo menos 6 de cada 10 mujeres, que han sido agredidas, psicológica, económica, física o sexualmente, por sus parejas o ex parejas, constituyéndose en una gravísima y extendida violación de derechos humanos con efectos en todos los niveles (individual, relacional, comunitario y estatal). 

Las empresas ecuatorianas no se encuentran a salvo. Si bien la VcM ocurre mayormente en el ámbito privado, su impacto trasciende la esfera personal y afecta al mundo de los negocios, generando costos invisibles, no identificados y considerados ajenos a la producción, pero que inciden en sus resultados económicos. 

El objetivo del estudio es determinar los costos de la VcM en la en la productividad laboral de las medianas y grandes empresas ecuatorianas. Para ello, se propone: 

Determinar la prevalencia de la VcM en las empresas ecuatorianas, según el reporte de su personal, identificando los tipos existentes y su magnitud. 

Estimar los días de trabajo perdidos por tardanza, ausentismo y presentismo de agredidas, agresores y personal que la atestigua. 

Determinar el costo monetario que ocasiona la pérdida de productividad al sector empresarial, basándose en salarios así como por la pérdida de valor agregado. 

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Aborto por violacion

La Objeción de Conciencia en la prestación de servicios de salud pública

La Asamblea Nacional esta próxima a votar el Código Orgánico  de Salud, marco legal por demás importante por ser la ley que regula variados aspectos de la garantía de la salud integral de la población ecuatoriana. Fundación Desafío, la Defensoría del Pueblo y la Coalición Nacional de Mujeres incidieron para que la Objeción de Conciencia que se pretendió incorporar incluso para permitir objeción institucional sea retirada del texto que se estaba elaborando.  El artículo que permitía objetar conciencia en caso de entrega de anticonceptivos fue eliminado.  Vemos con sorpresa que lo vuelven a incorporar, poniendo en riesgo a cuatro millones y medio de mujeres en edad fértil y a la población masculina cuya etapa de fertilidad  supera a la de las mujeres de largo. 

Fundación Desafío y Coalición Nacional de Mujeres presentaron el documento de posicionamiento sobre el tema.

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Ecuador libre de violencias contra las mujeres

Carta abierta al Presidente Moreno

En el mes de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas ….. el Gobierno Nacional nos da malas noticias. Son malas noticias en materia de institucionalidad y recursos sobre todo para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y para las mujeres ecuatorianas que somos la mitad de la población.

A un año de la creación de la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes constatamos varios hechos:

  1. La  Secretaría de Derechos Humanos como institución rectora de la Ley de Violencia contra las Mujeres presentó al Ministerio de Finanzas una proforma por USD 5´408.561. Este monto incluía la implementación de nuevas casas de acogida y centros de atención integral, así como el fortalecimiento de los servicios de protección especial de atención directa a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. La Proforma Presupuestaria 2020 enviada por el Ministerio de Finanzas a la Asamblea Nacional asignó USD 876.862 para la aplicación de la Ley.
  2. No se aprobaron los proyectos de inversión de los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social para la implementación de la Política de Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes. La inversión de USD 16´430.000 en el 2020 sería una muestra de la decisión de enfrentar el embarazo infantil y las muertes de mujeres, niñas y adolescentes por aborto; pero no! …. No habrán recursos para el programa de educación sexual integral ni para la dotación de métodos anticonceptivos, así como tampoco será posible ninguna campaña informativa.
  3. En lugar de fortalecer la Secretaría de Derechos Humanos, lamentablemente se pretende una reestructura institucional que tiene como objetivo debilitar la misión institucional de rectoría de la Política de Derechos Humanos y de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. A nombre del uso eficiente y racional de los recursos y la optimización del talento humano y sus capacidades en las estructuras del nivel central y desconcentrado, optaron por escatimar recursos para Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres, recortar la estructuras institucional desconcentrada de la SDH y de esa manera, eliminar la posibilidad de que se aplique la Ley Orgánica Integral de Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En la Proforma 2020, mientras la SDH tiene una asignación 11´400.000, el Servicio de Rehabilitación tiene 98´400.000. Escogieron el camino de recortar y debilitar la institucionalidad y eliminar derechos.

Y estas noticias nos dejan aún más perplejas porque a los decisores no les importa las 95 mujeres victimas de femicidio del 2019, ni las 2.415 niñas forzadas a la maternidad en 2018, ni tampoco las más de 3.500 víctimas de abuso sexual en el sistema educativo. No les importa las víctimas y sus familias que reciben apoyo sico social de los Servicios de Protección Integral para rehacer sus proyectos de vida en 46 Distritos del País; así como tampoco importan las Casas de Acogida y los Centros de Atención a Víctimas que funcionan en convenio con organizaciones de la Sociedad Civil, ni la contraparte para las nuevas Casas que debían implementarse en el 2020 junto con Municipios aliados en el marco del Acuerdo Nacional 2030 por una Vida Libre de Violencias.

Esto, señor Presidente sólo tiene un nombre: preservar el orden patriarcal, reproducir el machismo, naturalizar la violencia contra las mujeres en el Estado y en la sociedad;  y es sin duda, una estrategia para impedir el avance de los derechos de las mujeres y la justicia de género en el Estado ecuatoriano.

Cuenta usted en su gestión con funcionarias y funcionarios “pragmáticos” que no tienen la más mínima empatía con las víctimas de violencia, que no conocen la realidad del país, que no aceptan el mandato del Plan de Desarrollo Toda Una vida que establece que la violencia de género contra las mujeres y niñas ecuatorianas es un problema estructural de la sociedad ecuatoriana que requiere prioridad de la política de Estado.  Esas personas no honran los compromisos presidenciales, ni les interesa operativizarlos, sino todo lo contrario, se empeñan en poner en marcha sus agendas ideológicas, políticas o electorales propias, personales o de grupo; todo lo cual desvirtúa y corrompe la gestión pública y obstaculiza el cumplimiento del rol garante y protector de derechos que debe desempeñar el Estado ecuatoriano como establece la Constitución.

Así mismo constatamos con rabia y dolor que los esfuerzos por poner en funcionamiento los compromisos construidos con 163 autoridades locales en marco del Acuerdo Nacional 2030 Por una vida libre de violencia, se diluye completamente en la Proforma Presupuestaria 2020 y la decisión de dar por terminado el proceso del Acuerdo en diciembre próximo.

En el contexto actual de crisis económica, política y social, estas decisiones contribuyen a la exacerbación de la situación de indefensión generalizada que vivimos las mujeres ecuatorianas y constituye un ataque frontal a las conquistas sociales.

Con estos antecedentes señor Presidente, a nombre de las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional de Mujeres le solicitamos dejar sin efecto la pretendida propuesta de disminuir la jerarquía institucional y recortar la estructura desconcentrada de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

Así mismo, le exigimos revisar y ajustar las asignaciones presupuestarias de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia y de la Política de Prevención del Embarazo en  Niñas y Adolescentes que involucra a los Ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social; estableciendo mecanismos y cronograma de desembolsos, que posibiliten operativizar todos los Acuerdos Programáticos alcanzados en las 16 cumbres territoriales del Acuerdo Nacional 2030 Por Una Vida Libre de Violencias y el cumplimiento de los Programas de Misión Mujer.

VIOLENCIA NUNCA MAS! 

IMPLEMENTACION DE LA LOIV!

Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador