150 lideresas de organizaciones de mujeres y feministas diversas, reunidas los días 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Quito, nos pronunciamos sobre las deudas del Estado Ecuatoriano con la garantía de nuestros derechos humanos, principalmente el derecho a una vida libre de violencia de género y el respeto a nuestra autonomía plena para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro proyecto de vida.
La aplicación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de las Violencia contra las Mujeres no debe postergarse más, la integridad y la vida de las mujeres no puede depender de la voluntad política de las autoridades de turno. La violencia contra las mujeres es la forma más radical de discriminación, y afecta nuestra vida en los aspectos económicos, políticos, sociales, afectivos, limita nuestra autonomía y lastima nuestra autoestima. Mujeres diversas de las distintas regiones del país, trabajadoras, campesinas, estudiantes, profesionales, rurales y urbanas vivimos cotidianamente las violencias. Adolescentes y niñas en centros educativos y mujeres de las universidades, mujeres de los medios de comunicación, las mujeres políticas, las mujeres de sectores populares, las mujeres trans y de todas las diversidades sexuales evidencian múltiples formas de violencia específicas, que, con la correcta e integral aplicación de la Ley, pueden ser mitigadas. A las mujeres nos matan, nos violan, nos embarazan forzadamente, nos callan, nos arrebatan la capacidad de decidir sobre nuesto cuerpo. Hoy sentimos que el Estado no defiende nuestros derechos y hace caso omiso del marco jurídico internacional de derechos humanos, de los principios constitucionales, así como de la Ley vigente apoyada por miles de mujeres.
El Estado ecuatoriano debe elaborar, de manera urgente, normativa secundaria, protocolos y directrices de políticas para la aplicación de la Ley en sus respectivos ámbitos, implementar planes, programas, proyectos y servicios, asignar recursos suficientes y oportunos, así como adecuar bases de datos y registros de casos para facilitar la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional descentralizado de Prevención, Protección de las víctimas de violencia y la Reparación de sus derechos. Es fundamental la armonización del Código Orgánico Integral Penal con la Ley y la aprobación del procedimiento especial y expedito para delitos de violencia. De igual forma, a nivel local, se debe establecer ordenanzas para prevenir y erradicar la violencia, actualizar los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y fortalecer las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
Una de las formas más complejas de violencia que vivimos las mujeres, niñas y adolescentes es la violencia sexual, que se torna más lacerante cuando estamos obligadas a continuar con el embarazo producto de una violación. Las mujeres demandamos de manera urgente que el Estado ecuatoriano haga efectivas las recomendaciones de los Comités de Derechos Humanos que señalan que el embarazo forzado constituye una forma de tortura. Es una necesidad urgente despenalizar el aborto por violación de manera que el Estado asuma su obligación de proteger la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres y su autonomía plena, y a la vez garantizar la aprobación de legislación desde la ética laica. En Ecuador suceden 14 violaciones diarias a niñas, adolescentes y mujeres, la gran mayoría en manos de personas del entorno familiar, lo que las empuja a enfrentar graves consecuencias físicas, mentales y sociales. Las niñas y adolescentes son obligadas a criar a estos niños, pues nunca tuvieron la posibilidad de decidir sobre su cuerpo.
¡La crisis fiscal no es una excusa! La integridad y la vida de las mujeres en riesgo constituyen una EMERGENCIA SOCIAL. El Estado y la sociedad no puede sacrificar a las mujeres víctimas de violencia, menos aún si deben llevar adelante un embarazo forzado, a cuenta de la falta de presupuesto.
Las organizaciones de mujeres y feministas demandamos nuevamente la declaración de estado de emergencia social debido a la prevalencia e incremento de la violencia y el femicidio. Necesitamos respuestas concretas, urgentes y efectivas tanto a nivel nacional como local.
¡LAS MUJERES DIVERSAS EROTIZAMOS NUESTROS CUERPOS SIN VIOLENCIA!
¡NUESTROS DERECHOS HUMANOS NO SE POSTERGAN, NI SE NEGOCIAN!
- Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo – ACDemocracia
- Colectivo Político Luna Creciente
- Cabildo por las mujeres de cuenca
- Colectivo Más de Ocho
- Colectivo Tejedoras Manabitas
- Comité de Mujeres de Tungurahua
- Confederación Ecuatoriana de Mujeres por el Cambio
- Consejo Nacional de Mujeres Negras del Ecuador
- Consejo de Mujeres Negras – San Lorenzo
- Consejo Cantonal de Protección de Derechos Ambato – Sociedad Civil
- Coordinadora Cantonal de Mujeres de Cotacachi
- Coordinadora Juvenil Por La Equidad De Género
- Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador
- Dirección de la Mujer – CONAIE
- El Parto es Nuestro
- Federación de Mujeres de Sucumbíos
- Frente Ecuatoriano de Derechos Sexuales y Reproductivos
- Fundación Desafío
- Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente
- Mujeres de Frente
- Mujeres con Vosz
- Observatorio Ciudadano de la Comunicación – Cuenca
- PachaQueer
- Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres
- Plataforma de Mujeres hacia la Igualdad
- Plataforma por la salud y por la vida
- Red de Mujeres Políticas del Ecuador – REMPE
- Red de Mujeres de Imbabura
- Rescate Escolar
- Salud Mujeres
- SIPAE
- Surkuna
- Taller de Comunicación Mujer
“Nuestros derechos en las leyes y su implementación” fue el tema del Encuentro que reunió a !50 lideresas de las organizaciones feministas y de mujeres del país. El objetivo del evento fue generar un espacio de reflexión feminista sobre la implementación de políticas públicas y legislación sobre los derechos de las mujeres y fortalecer los mecanismos de diálogo Estado – Organizaciones de Mujeres.
Señor Licenciado
Lenin Moreno
Presidente Constitucional de la República
Presente
Señor Presidente:
Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación, dolor e indignación por el aumento de femicidios en el país, resultado de la escalada de violencia machista de los últimos cuatro años, así como por la falta de aplicación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, razón por la cual Defensoras/es de Derechos Humanos de varias organizaciones declaramos #EmergenciaSocialEnEcuador desde el 26 de agosto pasado.
Las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador consideramos que el ajuste institucional constituye una oportunidad para recuperar el espíritu de Montecristi y contribuir a la operativización del mandato constitucional de crear los sistemas especializados de protección integral de derechos (Art. 341 y 342), al mismo tiempo que garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos. Por ello, consideramos que no se puede fragmentar la atención y garantía de los derechos distribuyendo competencias a varias instituciones del Estado, poniendo en riesgo la integralidad, el sentido y la importancia de las políticas públicas de protección de derechos, así como la rendición de cuentas y el seguimiento de las recomendaciones de los comités internacionales de derechos humanos.
En este marco consideramos señor Presidente que es necesario establecer una Secretaría de Derechos Humanos adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, con rango de viceministerio, en la cual se incluyan subsecretarías especializadas: una de prevención de la violencia contra las mujeres, una de adolescentes en conflicto con la ley, en los dos casos, con sus servicios de protección especial, casas de acogida y centros de atención especializados; una para atender pueblos indígenas en aislamiento voluntario; y una para el seguimiento de convenciones internacionales de derechos humanos, a fin de viabilizar la rectoría de las políticas públicas, su articulación interinstitucional y su territorialización.
La participación ciudadana y el diálogo sobre la presente propuesta son importantes, por ello insistimos en la necesidad de instalar de manera inmediata la Mesa Nacional de Diálogo con defensoras y defensores de derechos humanos.
En el escenario actual, el MIES es la única institución del Estado relacionada con políticas de protección integral de derechos que garantiza una importante presencia en el territorio a través de la red nacional de servicios de cuidado de niños/as, personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como niños/as y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad a causa de la violencia. El trabajo del MIES en asocio con gobiernos autónomos provinciales, cantonales y parroquiales, así como con organizaciones de la sociedad civil, su infraestructura, oficinas y transporte, constituirían una base importante para la construcción del sistema nacional descentralizado de prevención de violencia, atención, protección a las víctimas y reparación de sus derechos.
La rectoría de la Ley de Violencia no puede ser trasladada al Ministerio del Interior y reducir su tratamiento a la seguridad ciudadana; sus funciones y competencias están claramente delimitadas en el Art. 27 de la Ley en torno a las medidas de protección de las víctimas, el registro único de víctimas en coordinación con el ente rector y el Consejo de la Judicatura, así como el fortalecimiento las capacidades de los operadores de seguridad y los Tenientes Políticas para atender a las víctimas con enfoque de género y derechos de las mujeres; su labor en el ámbito de la prevención es importante en el ámbito de la seguridad, tal como lo establece el Art. 59 de la Ley, articulando el Sistema de Alerta temprana para evitar el femicidio.
La rectoría de la Ley, tampoco debe ir al Ministerio de la Política porque su objetivo es “Generar adhesión de la ciudadanía a la acción política del gobierno mediante una gestión, diálogo y comunicación directa, veraz, oportuna e incluyente”; como operador político del gobierno en los territorios, carente de una estructura institucional desconcentrada y que no se compagina con la labor técnica para la creación de los mecanismos legales e institucionales del sistema nacional descentralizado de prevención de la violencia, protección de las víctimas y reparación de sus derechos.
Así mismo, señor Presidente queremos señalar que la rectoría de la Ley de Violencia, por su naturaleza implica políticas públicas integrales de prevención, protección y reparación de las víctimas, las cuales son funciones del Ejecutivo; la Función Judicial tiene su rol específico en materia de acceso de las mujeres a la justicia, para lo cual se hace imprescindible retomar el fortalecimiento de la justicia especializada.
De otra parte, queremos informarle que las funciones asignadas en la Ley de Violencia al Consejo Nacional de Igualdad de Género en materia de observancia, participación de la sociedad civil, comités ciudadanos, creación y funcionamiento del Observatorio Nacional de Violencia, así como apoyo a la potenciación de capacidades de las instituciones del sistema fue concertado por las autoridades del ex Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de Igualdad de Género y la Comisión Especial de la Asamblea Nacional bajo el argumento de que el Consejo no tendría las capacidades institucionales, técnicas y presupuestarias para la rectoría de la Ley.
Finalmente señor Presidente queremos expresarle que las mujeres ecuatorianas organizadas aspiramos a contar en el mediano plazo con un mecanismo de la mujer fortalecido, con alta jerarquía en el Estado, con capacidades técnicas y presupuestarias, para lo cual planteamos la necesidad de la reforma a la Ley de Consejos de Igualdad.
A las mujeres ecuatorianas, nos siguen matando en todo el territorio nacional, la respuesta es urgente. La oportunidad para que el Estado asuma su obligación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, es ahora!
Muy atentamente,
Por la Coalición Nacional de las Mujeres
Rocío Rosero Garcés
Este lunes nos reunimos 250 personas, de más de 100 redes, organizaciones y colectivos en el foro regional de sociedad civil, para trabajar en conjunto las prioridades de nuestra región, y estoy aquí antes ustedes para compartir los resultados de nuestro análisis sobre la situación actual que se está viviendo en nuestros países y sobre el informe presentado en esta 3ra Conferencia Regional de Población y Desarrollo.
En este espacio, el Consenso de Montevideo es el corazón y nuestros trabajos giran en torno a él. El Consenso establece los temas que nos convocan, así como nos marca el rol crucial de la sociedad civil y las redes regionales para lograr una implementación efectiva. El Consenso de Montevideo sigue siendo la agenda más progresista del mundo, porque además de ser muy completa e integral, reconoce de forma total que la igualdad de género, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son condición fundamental para lograr el desarrollo sostenible.Sin embargo, en el informe regional no se están resaltando y recuperando estos avances, hace caso omiso a los desafíos reales que siguen sin reconocerse ni atenderse en nuestros países. Se aleja del espíritu del Consenso de Montevideo y muestra que no se está recopilando la información necesaria para hacer políticas efectivas, necesitamos que la información se genere y se desagregue por sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, raza, estado migratorio, discapacidad, condición de salud y localización geográfica, entre otras que se consideren pertinentes.
La población que vive en los cantones San Lorenzo del Pailón y Eloy Alfaro, zona costa pacífica norte, frontera con Colombia, en sus geografías naturales de bosque de manglar y bosque húmedo tropical, ha sido históricamente discriminada y olvidada por el Estado ecuatoriano, las estadísticas de pobreza así lo confirman: por necesidades básicas insatisfechas alcanza alrededor del 70% y por más del 30% de población sin acceso a ningún nivel educativo; como también la casi inexistente institucionalidad pública.
El tejido social y la solidaridad familiar han sido las premisas que han mantenido la sobrevivencia de estas poblaciones, mayoritariamente afrodescendientes e indígenas, con valores y ética comunitaria asentados en las mujeres, núcleo de sus familias.
La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, sensible ante la evidente inseguridad que afecta principalmente a las mujeres, niñas, niños y grupos vulnerables, expresa con gran preocupación que los acontecimientos violentos que se suscitan en estos cantones, vulneran aún más los derechos humanos y ponen en riesgo a toda la población.
Reconocemos que la actual situación es un serio obstáculo para la igualdad de género, la gobernanza, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Las organizaciones que trabajamos en estas zonas conocemos su realidad, particularmente la de las mujeres y sus infatigables luchas por la sobrevivencia.
Hemos palpado cómo la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada les afecta de manera directa, por ello demandamos acciones efectivas que pongan énfasis en su protección integral y la de sus familias, al igual que la urgencia de tomar medidas para asegurar la integridad de la población desplazada.
La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador está profundamente involucrada en la construcción de la paz y la justicia social, y exhorta al gobierno ecuatoriano a implementar acciones para recuperar el control territorial, con estrategias de seguridad militar que garanticen la protección de los derechos humanos de estas poblaciones; así como generar procesos de presencia estatal con políticas públicas concretas que ofrezcan oportunidades de desarrollo económico y el acceso a servicios sociales integrales, además de acciones afirmativas y de reparación de las múltiples e históricas vulneraciones a sus derechos individuales y colectivos de los pueblos, nacionalidades y otras poblaciones de la frontera.
La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador expresa su solidaridad con las familias de las personas asesinadas y el anhelo de que las actualmente secuestradas sean liberadas sin sufrir más daño.
¡POR LA PAZ Y POR LA VIDA!
Durante los últimos 10 años, las mujeres ecuatorianas en toda su diversidad y las organizaciones sociales hemos visto cómo los diferentes tipos de violencias en contra de las mujeres se incrementan cada día.
Vemos perplejas cómo la violencia sexual, una de las más extremas de todas-, está presente en los espacios más cercanos de nuestras vidas. La violencia que viven las mujeres en los servicios de salud cuando requieren atención regular y/o de emergencia en situaciones relacionadas como parto o aborto, se ha naturalizado. La violencia física y la psicológica siguen siendo parte del diario vivir a vista y paciencia de toda la sociedad.
Otros tipos de violencia como la vulneración del derecho a la confidencialidad, la violencia institucional y otras violencias afectan la salud integral y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Estas múltiples violencias terminan en la muerte, el femicidio es noticia regular en los noticieros. Una vez más les decimos… “Disculpen, pero a las mujeres nos están matando”.
Manifiesto del Movimiento de Mujeres del Ecuador sobre la aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres.
El 6 de noviembre de 2017, la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, emitió el informe para primer debate del Proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en contra de las Mujeres, a partir del cual se ha realizado una revisión de sus contenidos y se ha identificado aspectos de profunda preocupación que contradicen la intención inicial de esta propuesta normativa y la convierten en un conjunto de disposiciones poco innovadoras y con miras a no cumplir su finalidad de prevención y protección a las mujeres frente a la violencia.
Adicionalmente cabe mencionar que la Coalición de Mujeres, previa a la emisión del informe para el primer debate presentó a la Comisión Ocasional una propuesta de ley alternativa que desarrollaba una estructura más viable y con mecanismos efectivos para cumplir con los propósitos de una Ley Orgánica Integral. No obstante, pocos elementos han sido incorporados en esta propuesta y aquellos que han sido integrados se los ha descontextualizado perdiendo su naturaleza y objetivos. Tampoco ha existido una respuesta motivada desde la Asamblea Nacional que de cuenta sobre el análisis y la incorporación o no de los elementos planteados por la propuesta de la Coalición de Mujeres.
A continuación se describen los principales motivos de preocupación identificados en el Proyecto de Ley.