Actualidad

XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Carbe

Argentina será la sede de la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer

La XIV Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en CEPAL, Santiago de Chile, culminó con un fuerte rechazo de las organizaciones de feministas contra los gobiernos de Chile, Brasil y Bolivia. Los países aprobaron el “Compromiso de Santiago”.

Santiago de Chile, 31 de enero de 2020. La Argentina será la sede de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, a realizarse en 2022. El anuncio fue realizado hoy, cuando culminó la XIV Conferencia en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que comenzó el 27 de enero, con la participación de los Estados y organizaciones de la sociedad civil.º
Los países de la región aprobaron el Compromiso de Santiago, que puede descargarse aquí: https://conferenciamujer.cepal.org/14/es/documentos/compromiso-santiagoEl Compromiso establece tomar medidas para implementar la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda Regional de Género “fortaleciendo la institucionalidad y la arquitectura de género a través de la jerarquización de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y de la transversalización de la perspectiva de género en los diferentes niveles del Estado”.
El Compromiso de Santiago contiene 48 puntos de acuerdo en áreas sensibles, que proponen objetivos tendientes a erradicar la violencia de género, otorgar acceso universal a servicios de salud integrales, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, impulsar leyes contra la discriminación y respetar los derechos de mujeres, niñas, poblaciones afrodescendientes, indígenas y del colectivo LGBTQI+, fomentar la participación laboral de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, implementar políticas y programas que contribuyan a un envejecimiento saludable y activo, reducir la brecha salarial y aumentar la representación de las mujeres en la toma de decisiones a fin de alcanzar la democracia paritaria, entre otros. En la apertura de la Conferencia, las feministas presentes se levantaron de sus sillas al comenzar el discurso la ministra de la Mujer de Chile, Isabel Plá, y se cubrieron un ojo con un parche rojo en señal de protesta contra la represión del gobierno chileno que dejó sin vista a mujeres y niñas durante las protestas en las que también fueron víctima de violaciones y femicidios. También se manifestaron contra la ministra de la Mujer de Brasil, Damares Alves, dándole la espalda mientras hablaba. Hoy, Alves no firmó el Compromiso de Santiago. Y las feministas repudiaron a Oscar Urquizu, viceministro de Igualdad de Oportunidades del Estado Plurinacional de Bolivia. Y le dieron la espalda a la ministra Plá, durante el cierre.
«Esta Conferencia culminó con la clara expresión de rechazo de las organizaciones feministas a los gobiernos de Chile, Bolivia y Brasil. El documento final aprobado por los gobiernos cubre casi plenamente nuestras iniciativas y personalmente estoy muy contenta de que Argentina sea la próxima sede de la conferencia dentro de tres años», dijo Mabel Bianco, co presidenta del Comité de ONGS para la Condición de la Mujer de América latina y el Caribe. El discurso de clausura de la Conferencia estuvo a cargo de Clarissa Guevara, de la Delegación de México, quien alentó a América Latina y el Caribe: “En consideración y aprobación del Compromiso de Santiago y del reconocimiento del liderazgo de las mujeres jóvenes, hoy quiero decirte: que no estás sola y no nos vamos a soltar, ¡y se va a caer porque lo vamos a tirar! ¡Al patriarcado tiraremos! Como un fuego que camina entre nosotras, por la lucha de transformarlo todo, por posibilitar las condiciones de vislumbrar otros futuros posibles y así rehabilitar la esperanza de las que siguen, las que vienen, las que ahora son nuestras niñas. Poder, fuerza, resiliencia y sororidad con todas ustedes.”

Insistimos, Resistimos y Avanzamos

Insistimos, Resistimos y Avanzamos

Declaración del Foro de Organizaciones Feministas Fabiola Campillai, en el marco de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada del 27 al 31 de enero de 2020 en Santiago de Chile.

Beijing cumple 25 años, la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres no fue una Conferencia más, llegamos a ella con la experiencia acumulada y los incuestionables avances previos, en particular la Conferencia de Viena, en la cual por primera vez los derechos de las mujeres se reconocieron como derechos humanos, y en la Conferencia de El Cairo, en la que los derechos reproductivos se instalaron, dejando abierta la puerta para los derechos sexuales. Y aquí estamos, 25 años después e

INSISTIMOS en:

Ratificar la Plataforma de Acción de Beijing, así como las agendas de CEDAW, Río, Viena, Cairo y Durban como hojas de ruta, reivindicando el papel que hemos jugado los movimientos de mujeres y feministas en la construcción y sostenimiento de estas agendas y llamando a estados, gobiernos y a diversos actores sociales a sumarse con nosotras en el reconocimiento de la igualdad como bien y horizonte de la humanidad.

Las organizaciones feministas y de mujeres manifestamos nuestra preocupación por el contexto económico y político en la región y en el mundo. Se trata de un sistema económico depredador, estructuralmente extractivista, no sólo de la naturaleza sino también del trabajo (remunerado y no remunerado), de los tiempos, de los territorios, de los recursos naturales y de los cuerpos.

Los actuales patrones de extractivismo, producción y consumo resultan incompatibles con la sostenibilidad de la vida. Esto se expone en las resistencias sociales en la región, con una presencia activa de los feminismos, en articulación con movimientos sociales que luchan por la justicia racial, étnica, generacional, económica y de género, quienes levantamos la voz para enfrentar la mercantilización de la vida.

Por ello, RESISTIMOS y reivindicamos el derecho a la protesta social, la cual no debe criminalizarse; rechazamos que, por oponernos a los mega proyectos, se pretenda responsabilizarnos por las insuficiencias en el desarrollo socioeconómico. No permitiremos que el extractivismo le haga a nuestras tierras y territorios, lo que el patriarcado le hace a nuestros cuerpos y por ello reivindicamos nuestra organización creciente, desde las organizaciones de base, campesinas, comunitarias, indígenas, migrantes, jóvenes, afrodescendientes, sindicalistas y de mujeres urbanas y rurales que resistimos y desafiamos las barreras lingüísticas y las desigualdades estructurales que reproducen condiciones de vida precaria y pobreza extrema.

Estamos acostumbradas a repetir que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y ahora vamos a acostumbrarnos a decir que somos también la región con el feminismo más potente y movilizador del planeta.

Nuestro permanente activismo, resistencia y defensa de derechos, se expresan en el marco de Estados y democracias debilitadas y frágiles, en donde se instalan conservadurismos capaces de criminalizar y reprimir de la protesta social. Defender derechos humanos, el territorio y ejercer el periodismo, se han convertido en actividades de alto riesgo. Aún en este contexto de violencia de estado, nosotras resistimos.

Nos encontramos en un momento de disputa cultural, en donde la igualdad de género enfrenta evidentes riesgos de retroceso ante la poderosa articulación de un patriarcado capitalista, misógino, lesbotranshomofóbico, racista y colonial, que se expresa en fundamentalismos religiosos, políticos, económicos y culturales. Ahora más que nunca reivindicamos el estado laico, como el marco para el avance de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

En este contexto, ratificamos nuestra posición de que la democracia -sin discriminación, ni exclusión alguna- es una condición básica para el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos humanos, por eso es fundamental asegurar las condiciones que posibiliten la participación de la sociedad civil, particularmente de las organizaciones feministas y de mujeres.

Seguiremos AVANZANDO

Desde la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing hemos avanzado, sin embargo lo logrado es poco y los retos permanecen y demandan la articulación estado, sociedad civil, organismos multilaterales y otros. Por ello:

Exigimos a los Estados que los compromisos se transformen en acciones concretas a favor de la igualdad y los derechos de las mujeres que cuenten con la asignación de recursos presupuestarios suficientes para avanzar las políticas necesarias, con mecanismos progresivos que garanticen la redistribución del ingreso y la riqueza.

Exigimos aborto legal, seguro, libre y gratuito en toda la región, su penalización y obstaculización deben ser tipificadas como violencias de estado porque los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos.

Exigimos que el cuerpo de las mujeres deje de ser territorio de conquista para los represores; alto a toda forma de represión incluido el uso de la violencia sexual como herramienta de control policial y militar en medio de las crisis en nuestros países, en particular por las recientes agresiones a las chilenas y nicaragûenses o las respuestas en diversos países ante las crisis migratorias.

Exigimos que los Estados rindan cuentas sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y las recomendaciones de los órganos de derechos humanos, con los que se han comprometido.

Insistimos en que se entienda de una vez por todas que, una paz sin las mujeres no es sostenible ni sustentable, y que sin justicia restaurativa, no hay posibilidad de construir sociedades pacíficas.

Instamos a los Estados a garantizar que la participación política de las mujeres, lesbianas, travestis, bisexuales, personas trans y no binaries, se ejerza sin temor a represalias y violencia, para lo que es necesaria una institucionalidad que garantice el acceso a la justicia, para que todas las mujeres -particularmente las afrodescendientes e indígenas- participemos en la gobernanza de los Estados de forma paritaria.

Convocamos a los gobiernos a reconocer que los modelos de desarrollo construidos sobre la expoliación, limitan las posibilidades de autonomía económica de las mujeres, tanto más de las niñas, mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, migrantes, trabajadoras, incluidas las trabajadoras sexuales, de las disidencias sexo genéricas, con discapacidades, y que viven con VIH.

Instamos a eliminar el racismo y la xenofobia institucionales, estableciendo políticas con perspectiva interseccional de atención y apoyo en los servicios públicos y los programas de protección social para las mujeres y niñas negras, migrantes e indígenas, y otras que sufren discriminación por motivos de raza o etnia.

Exigimos atención inmediata al cambio climático y sus afectaciones en toda la región con énfasis en El Caribe.

Exhortamos a los Estados a adoptar las medidas necesarias para eliminar los nudos de reproducción de la desigualdad económica, garantizando el acceso a empleos dignos, remunerados y de calidad, a la seguridad y soberanía alimentaria, a una vida libre de acoso y discriminación en el deporte, a promover una organización del cuidado socialmente co- responsable, universalizando la protección social, el acceso a servicios públicos de calidad, el acceso a la educación, incluida la Educación Integral de la Sexualidad, la salud y la infraestructura social en todos sus niveles.

Exigimos avanzar de forma inmediata en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, particularmente el feminicidio y las prácticas nocivas, por lo que exigimos que, la violencia sexual, las uniones, matrimonios y embarazos forzados en niñas y adolescentes no sigan ocurriendo. Garantizar una vida libre de violencia es una tarea impostergable.

Exigimos atención inmediata a la discriminación, violencia y acoso que enfrentan las mujeres en el mundo del trabajo, en particular las periodistas, porque la transformación de los medios y la comunicación digital y sus abordajes sexistas es necesaria para la transformación cultural a la que aspiramos.

Beijing sigue siendo nuestra agenda y exigimos su cumplimiento sin reducciones ni simplificaciones. Hoy los Estados afirman que “no quieran dejar nadie atrás” somos nosotras quienes no aceptamos ningún retroceso y no vamos a permitir que nos dejen atrás.

¡Nada sobre nosotras, sin nosotras!

Aborto por violacion

La Objeción de Conciencia en la prestación de servicios de salud pública

La Asamblea Nacional esta próxima a votar el Código Orgánico  de Salud, marco legal por demás importante por ser la ley que regula variados aspectos de la garantía de la salud integral de la población ecuatoriana. Fundación Desafío, la Defensoría del Pueblo y la Coalición Nacional de Mujeres incidieron para que la Objeción de Conciencia que se pretendió incorporar incluso para permitir objeción institucional sea retirada del texto que se estaba elaborando.  El artículo que permitía objetar conciencia en caso de entrega de anticonceptivos fue eliminado.  Vemos con sorpresa que lo vuelven a incorporar, poniendo en riesgo a cuatro millones y medio de mujeres en edad fértil y a la población masculina cuya etapa de fertilidad  supera a la de las mujeres de largo. 

Fundación Desafío y Coalición Nacional de Mujeres presentaron el documento de posicionamiento sobre el tema.

Documento completo

Ecuador libre de violencias contra las mujeres

Carta abierta al Presidente Moreno

En el mes de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas ….. el Gobierno Nacional nos da malas noticias. Son malas noticias en materia de institucionalidad y recursos sobre todo para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y para las mujeres ecuatorianas que somos la mitad de la población.

A un año de la creación de la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes constatamos varios hechos:

  1. La  Secretaría de Derechos Humanos como institución rectora de la Ley de Violencia contra las Mujeres presentó al Ministerio de Finanzas una proforma por USD 5´408.561. Este monto incluía la implementación de nuevas casas de acogida y centros de atención integral, así como el fortalecimiento de los servicios de protección especial de atención directa a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. La Proforma Presupuestaria 2020 enviada por el Ministerio de Finanzas a la Asamblea Nacional asignó USD 876.862 para la aplicación de la Ley.
  2. No se aprobaron los proyectos de inversión de los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social para la implementación de la Política de Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes. La inversión de USD 16´430.000 en el 2020 sería una muestra de la decisión de enfrentar el embarazo infantil y las muertes de mujeres, niñas y adolescentes por aborto; pero no! …. No habrán recursos para el programa de educación sexual integral ni para la dotación de métodos anticonceptivos, así como tampoco será posible ninguna campaña informativa.
  3. En lugar de fortalecer la Secretaría de Derechos Humanos, lamentablemente se pretende una reestructura institucional que tiene como objetivo debilitar la misión institucional de rectoría de la Política de Derechos Humanos y de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. A nombre del uso eficiente y racional de los recursos y la optimización del talento humano y sus capacidades en las estructuras del nivel central y desconcentrado, optaron por escatimar recursos para Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres, recortar la estructuras institucional desconcentrada de la SDH y de esa manera, eliminar la posibilidad de que se aplique la Ley Orgánica Integral de Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En la Proforma 2020, mientras la SDH tiene una asignación 11´400.000, el Servicio de Rehabilitación tiene 98´400.000. Escogieron el camino de recortar y debilitar la institucionalidad y eliminar derechos.

Y estas noticias nos dejan aún más perplejas porque a los decisores no les importa las 95 mujeres victimas de femicidio del 2019, ni las 2.415 niñas forzadas a la maternidad en 2018, ni tampoco las más de 3.500 víctimas de abuso sexual en el sistema educativo. No les importa las víctimas y sus familias que reciben apoyo sico social de los Servicios de Protección Integral para rehacer sus proyectos de vida en 46 Distritos del País; así como tampoco importan las Casas de Acogida y los Centros de Atención a Víctimas que funcionan en convenio con organizaciones de la Sociedad Civil, ni la contraparte para las nuevas Casas que debían implementarse en el 2020 junto con Municipios aliados en el marco del Acuerdo Nacional 2030 por una Vida Libre de Violencias.

Esto, señor Presidente sólo tiene un nombre: preservar el orden patriarcal, reproducir el machismo, naturalizar la violencia contra las mujeres en el Estado y en la sociedad;  y es sin duda, una estrategia para impedir el avance de los derechos de las mujeres y la justicia de género en el Estado ecuatoriano.

Cuenta usted en su gestión con funcionarias y funcionarios “pragmáticos” que no tienen la más mínima empatía con las víctimas de violencia, que no conocen la realidad del país, que no aceptan el mandato del Plan de Desarrollo Toda Una vida que establece que la violencia de género contra las mujeres y niñas ecuatorianas es un problema estructural de la sociedad ecuatoriana que requiere prioridad de la política de Estado.  Esas personas no honran los compromisos presidenciales, ni les interesa operativizarlos, sino todo lo contrario, se empeñan en poner en marcha sus agendas ideológicas, políticas o electorales propias, personales o de grupo; todo lo cual desvirtúa y corrompe la gestión pública y obstaculiza el cumplimiento del rol garante y protector de derechos que debe desempeñar el Estado ecuatoriano como establece la Constitución.

Así mismo constatamos con rabia y dolor que los esfuerzos por poner en funcionamiento los compromisos construidos con 163 autoridades locales en marco del Acuerdo Nacional 2030 Por una vida libre de violencia, se diluye completamente en la Proforma Presupuestaria 2020 y la decisión de dar por terminado el proceso del Acuerdo en diciembre próximo.

En el contexto actual de crisis económica, política y social, estas decisiones contribuyen a la exacerbación de la situación de indefensión generalizada que vivimos las mujeres ecuatorianas y constituye un ataque frontal a las conquistas sociales.

Con estos antecedentes señor Presidente, a nombre de las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional de Mujeres le solicitamos dejar sin efecto la pretendida propuesta de disminuir la jerarquía institucional y recortar la estructura desconcentrada de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

Así mismo, le exigimos revisar y ajustar las asignaciones presupuestarias de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia y de la Política de Prevención del Embarazo en  Niñas y Adolescentes que involucra a los Ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social; estableciendo mecanismos y cronograma de desembolsos, que posibiliten operativizar todos los Acuerdos Programáticos alcanzados en las 16 cumbres territoriales del Acuerdo Nacional 2030 Por Una Vida Libre de Violencias y el cumplimiento de los Programas de Misión Mujer.

VIOLENCIA NUNCA MAS! 

IMPLEMENTACION DE LA LOIV!

Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador

Mujeres con voz

Manifiesto del Encuentro Nacional de Lideresas 2018

150 lideresas de organizaciones de mujeres y feministas diversas, reunidas los días 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Quito, nos pronunciamos sobre las deudas del Estado Ecuatoriano con la garantía de nuestros derechos humanos, principalmente el derecho a una vida libre de violencia de género y el respeto a nuestra autonomía plena para decidir sobre nuestro cuerpo y  nuestro proyecto de vida.

La aplicación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de las Violencia contra las Mujeres no debe postergarse más, la integridad y la vida de las mujeres no puede depender de la voluntad política de las autoridades de turno. La violencia contra las mujeres es la forma más radical de discriminación, y afecta nuestra vida en los aspectos económicos, políticos, sociales, afectivos, limita nuestra autonomía y lastima nuestra autoestima. Mujeres diversas de las distintas regiones del país, trabajadoras, campesinas, estudiantes, profesionales, rurales y urbanas vivimos cotidianamente las violencias. Adolescentes y niñas en centros educativos y mujeres de las universidades, mujeres de los medios de comunicación, las mujeres políticas, las mujeres de sectores populares, las mujeres trans y de todas las diversidades sexuales evidencian múltiples formas de violencia específicas, que, con la correcta e integral aplicación de la Ley, pueden ser mitigadas. A las mujeres nos matan, nos violan, nos embarazan forzadamente, nos callan, nos arrebatan la capacidad de decidir sobre nuesto cuerpo. Hoy sentimos que el Estado no defiende nuestros derechos y hace caso omiso del marco jurídico internacional de derechos humanos, de los principios constitucionales, así como de la Ley vigente apoyada por miles de mujeres.

El Estado ecuatoriano debe elaborar, de manera urgente, normativa secundaria, protocolos y directrices de políticas para la aplicación de la Ley en sus respectivos ámbitos, implementar planes, programas, proyectos y servicios, asignar recursos suficientes y oportunos, así como adecuar bases de datos  y registros de casos para facilitar la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional descentralizado de Prevención, Protección de las víctimas de violencia y la  Reparación de sus derechos. Es fundamental la armonización del Código Orgánico Integral Penal con la Ley y la aprobación del procedimiento especial y expedito para delitos de violencia. De igual forma, a nivel local, se debe establecer ordenanzas para prevenir y erradicar la violencia, actualizar los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y fortalecer las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.

Una de las formas más complejas de violencia que vivimos las mujeres, niñas y adolescentes es la violencia sexual, que se torna más lacerante cuando estamos obligadas a continuar con el embarazo producto de una violación. Las mujeres demandamos de manera urgente que el Estado ecuatoriano haga efectivas las recomendaciones de los Comités de Derechos Humanos que señalan que el embarazo forzado constituye una forma de tortura. Es una necesidad urgente despenalizar el aborto por violación de manera que el Estado asuma su obligación de proteger la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres y su autonomía plena, y a la vez garantizar la aprobación de legislación desde la ética laica. En Ecuador suceden 14 violaciones diarias a niñas, adolescentes y mujeres, la gran mayoría en manos de personas del entorno familiar, lo que las empuja a enfrentar graves consecuencias físicas, mentales y sociales. Las niñas y adolescentes son obligadas a criar a estos niños, pues nunca tuvieron la posibilidad de decidir sobre su cuerpo.

¡La crisis fiscal no es una excusa! La integridad y la vida de las mujeres en riesgo constituyen una EMERGENCIA SOCIAL. El Estado y la sociedad no puede sacrificar a las mujeres víctimas de violencia, menos aún si deben llevar adelante un embarazo forzado, a cuenta de la falta de presupuesto.

Las organizaciones de mujeres y feministas demandamos nuevamente la declaración de estado de emergencia social debido a la prevalencia e incremento de la violencia y el femicidio. Necesitamos respuestas concretas, urgentes y efectivas tanto a nivel nacional como local.

¡LAS MUJERES DIVERSAS EROTIZAMOS NUESTROS CUERPOS SIN VIOLENCIA!

¡NUESTROS DERECHOS HUMANOS NO SE POSTERGAN, NI SE NEGOCIAN!

  • Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo – ACDemocracia
  • Colectivo Político Luna Creciente
  • Cabildo por las mujeres de cuenca
  • Colectivo Más de Ocho
  • Colectivo Tejedoras Manabitas
  • Comité de Mujeres de Tungurahua
  • Confederación Ecuatoriana de Mujeres por el Cambio
  • Consejo Nacional de Mujeres Negras del Ecuador
  • Consejo de Mujeres Negras – San Lorenzo
  • Consejo Cantonal de Protección de Derechos Ambato – Sociedad Civil
  • Coordinadora Cantonal de Mujeres de Cotacachi
  • Coordinadora Juvenil Por La Equidad De Género
  • Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador
  • Dirección de la Mujer – CONAIE
  • El Parto es Nuestro
  • Federación de Mujeres de Sucumbíos
  • Frente Ecuatoriano de Derechos Sexuales y Reproductivos
  • Fundación Desafío
  • Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente
  • Mujeres de Frente
  • Mujeres con Vosz
  • Observatorio Ciudadano de la Comunicación – Cuenca
  • PachaQueer
  • Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres
  • Plataforma de Mujeres hacia la Igualdad
  • Plataforma por la salud y por la vida
  • Red de Mujeres Políticas del Ecuador – REMPE
  • Red de Mujeres de Imbabura
  • Rescate Escolar
  • Salud Mujeres
  • SIPAE
  • Surkuna
  • Taller de Comunicación Mujer

Encuentro Nacional de Lideresas 2018

Encuentro Nacional de Lideresas 2018

«Nuestros derechos en las leyes y su implementación» fue el tema del Encuentro que reunió a !50 lideresas de las organizaciones feministas y de mujeres del país. El objetivo del evento fue generar un espacio de reflexión feminista sobre la implementación de políticas públicas y legislación sobre los derechos de las mujeres y fortalecer los mecanismos de diálogo Estado – Organizaciones de Mujeres.

Firmo y cumpliré - #NiUnaMenos

Carta al Presidente Moreno sobre la institucionalidad de derechos humanos en Ecuador

Señor Licenciado
Lenin Moreno
Presidente Constitucional de la República
Presente

Señor Presidente:

Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación, dolor e indignación por el aumento de femicidios en el país, resultado de la escalada de violencia machista de los últimos cuatro años, así como por la falta de aplicación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, razón por la cual Defensoras/es de Derechos Humanos de varias organizaciones declaramos #EmergenciaSocialEnEcuador desde el 26 de agosto pasado.

Las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador consideramos que el ajuste institucional constituye una oportunidad para recuperar el espíritu de Montecristi y contribuir a la operativización del mandato constitucional de crear los sistemas especializados de protección integral de derechos (Art. 341 y 342), al mismo tiempo que garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos. Por ello, consideramos que no se puede fragmentar la atención y garantía de los derechos distribuyendo competencias a varias instituciones del Estado, poniendo en riesgo la integralidad, el sentido y la importancia de las políticas públicas de protección de derechos, así como la rendición de cuentas y el seguimiento de las recomendaciones de los comités internacionales de derechos humanos.

En este marco consideramos señor Presidente que es necesario establecer una Secretaría de Derechos Humanos adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, con rango de viceministerio, en la cual se incluyan subsecretarías especializadas: una de prevención de la violencia contra las mujeres, una de adolescentes en conflicto con la ley, en los dos casos, con sus servicios de protección especial, casas de acogida y centros de atención especializados; una para atender pueblos indígenas en aislamiento voluntario; y una para el seguimiento de convenciones internacionales de derechos humanos, a fin de viabilizar la rectoría de las políticas públicas, su articulación interinstitucional y su territorialización.

La participación ciudadana y el diálogo sobre la presente propuesta son importantes, por ello insistimos en la necesidad de instalar de manera inmediata la Mesa Nacional de Diálogo con defensoras y defensores de derechos humanos.

En el escenario actual, el MIES es la única institución del Estado relacionada con políticas de protección integral de derechos que garantiza una importante presencia en el territorio a través de la red nacional de servicios de cuidado de niños/as, personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como niños/as y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad a causa de la violencia. El trabajo del MIES en asocio con gobiernos autónomos provinciales, cantonales y parroquiales, así como con organizaciones de la sociedad civil, su infraestructura, oficinas y transporte, constituirían una base importante para la construcción del sistema nacional descentralizado de prevención de violencia, atención, protección a las víctimas y reparación de sus derechos.

La rectoría de la Ley de Violencia no puede ser trasladada al Ministerio del Interior y reducir su tratamiento a la seguridad ciudadana; sus funciones y competencias están claramente delimitadas en el Art. 27 de la Ley en torno a las medidas de protección de las víctimas, el registro único de víctimas en coordinación con el ente rector y el Consejo de la Judicatura, así como el fortalecimiento las capacidades de los operadores de seguridad y los Tenientes Políticas para atender a las víctimas con enfoque de género y derechos de las mujeres; su labor en el ámbito de la prevención es importante en el ámbito de la seguridad, tal como lo establece el Art. 59 de la Ley, articulando el Sistema de Alerta temprana para evitar el femicidio.

La rectoría de la Ley, tampoco debe ir al Ministerio de la Política porque su objetivo es “Generar adhesión de la ciudadanía a la acción política del gobierno mediante una gestión, diálogo y comunicación directa, veraz, oportuna e incluyente”; como operador político del gobierno en los territorios, carente de una estructura institucional desconcentrada y que no se compagina con la labor técnica para la creación de los mecanismos legales e institucionales del sistema nacional descentralizado de prevención de la violencia, protección de las víctimas y reparación de sus derechos.

Así mismo, señor Presidente queremos señalar que la rectoría de la Ley de Violencia, por su naturaleza implica políticas públicas integrales de prevención, protección y reparación de las víctimas, las cuales son funciones del Ejecutivo; la Función Judicial tiene su rol específico en materia de acceso de las mujeres a la justicia, para lo cual se hace imprescindible retomar el fortalecimiento de la justicia especializada.

De otra parte, queremos informarle que las funciones asignadas en la Ley de Violencia al Consejo Nacional de Igualdad de Género en materia de observancia, participación de la sociedad civil, comités ciudadanos, creación y funcionamiento del Observatorio Nacional de Violencia, así como apoyo a la potenciación de capacidades de las instituciones del sistema fue concertado por las autoridades del ex Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de Igualdad de Género y la Comisión Especial de la Asamblea Nacional bajo el argumento de que el Consejo no tendría las capacidades institucionales, técnicas y presupuestarias para la rectoría de la Ley.

Finalmente señor Presidente queremos expresarle que las mujeres ecuatorianas organizadas aspiramos a contar en el mediano plazo con un mecanismo de la mujer fortalecido, con alta jerarquía en el Estado, con capacidades técnicas y presupuestarias, para lo cual planteamos la necesidad de la reforma a la Ley de Consejos de Igualdad.

A las mujeres ecuatorianas, nos siguen matando en todo el territorio nacional, la respuesta es urgente. La oportunidad para que el Estado asuma su obligación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, es ahora!

Muy atentamente,

Por la Coalición Nacional de las Mujeres

Rocío Rosero Garcés

Declaración del foro social IIICRPyD Lima

DECLARACIÓN DEL FORO SOCIAL IIICRPyD LIMA – AGOSTO DE 2018

Este lunes nos reunimos 250 personas, de más de 100 redes, organizaciones y colectivos en el foro regional de sociedad civil, para trabajar en conjunto las prioridades de nuestra región, y estoy aquí antes ustedes para compartir los resultados de nuestro análisis sobre la situación actual que se está viviendo en nuestros países y sobre el informe presentado en esta 3ra Conferencia Regional de Población y Desarrollo.
En este espacio, el Consenso de Montevideo es el corazón y nuestros trabajos giran en torno a él. El Consenso establece los temas que nos convocan, así como nos marca el rol crucial de la sociedad civil y las redes regionales para lograr una implementación efectiva. El Consenso de Montevideo sigue siendo la agenda más progresista del mundo, porque además de ser muy completa e integral, reconoce de forma total que la igualdad de género, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son condición fundamental para lograr el desarrollo sostenible.Sin embargo, en el informe regional no se están resaltando y recuperando estos avances, hace caso omiso a los desafíos reales que siguen sin reconocerse ni atenderse en nuestros países. Se aleja del espíritu del Consenso de Montevideo y muestra que no se está recopilando la información necesaria para hacer políticas efectivas, necesitamos que la información se genere y se desagregue por sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, raza, estado migratorio, discapacidad, condición de salud y localización geográfica, entre otras que se consideren pertinentes.   

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