Durante los últimos 10 años, las mujeres ecuatorianas en toda su diversidad y las organizaciones sociales hemos visto cómo los diferentes tipos de violencias en contra de las mujeres se incrementan cada día.
Vemos perplejas cómo la violencia sexual, una de las más extremas de todas-, está presente en los espacios más cercanos de nuestras vidas. La violencia que viven las mujeres en los servicios de salud cuando requieren atención regular y/o de emergencia en situaciones relacionadas como parto o aborto, se ha naturalizado. La violencia física y la psicológica siguen siendo parte del diario vivir a vista y paciencia de toda la sociedad. Otros tipos de violencia como la vulneración del derecho a la confidencialidad, la violencia institucional y otras violencias afectan la salud integral y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Estas múltiples violencias terminan en la muerte, el femicidio es noticia regular en los noticieros. Una vez más les decimos… “Disculpen, pero a las mujeres nos están matando”.
Manifiesto del Movimiento de Mujeres del Ecuador sobre la aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres.
El 6 de noviembre de 2017, la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, emitió el informe para primer debate del Proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en contra de las Mujeres, a partir del cual se ha realizado una revisión de sus contenidos y se ha identificado aspectos de profunda preocupación que contradicen la intención inicial de esta propuesta normativa y la convierten en un conjunto de disposiciones poco innovadoras y con miras a no cumplir su finalidad de prevención y protección a las mujeres frente a la violencia.
Adicionalmente cabe mencionar que la Coalición de Mujeres, previa a la emisión del informe para el primer debate presentó a la Comisión Ocasional una propuesta de ley alternativa que desarrollaba una estructura más viable y con mecanismos efectivos para cumplir con los propósitos de una Ley Orgánica Integral. No obstante, pocos elementos han sido incorporados en esta propuesta y aquellos que han sido integrados se los ha descontextualizado perdiendo su naturaleza y objetivos. Tampoco ha existido una respuesta motivada desde la Asamblea Nacional que de cuenta sobre el análisis y la incorporación o no de los elementos planteados por la propuesta de la Coalición de Mujeres. A continuación se describen los principales motivos de preocupación identificados en el Proyecto de Ley.
Las organizaciones firmantes demandamos de la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de las Violencias que incluya no solamente los diversos tipos y ámbitos de la violencia sino que establezca los mecanismos institucionales que garanticen la implementación y funcionamiento del sistema nacional descentralizado basado en el territorio, abordando el problema de la violencia contra las niñas y mujeres, desde sus causas estructurales, para darle una respuesta adecuada y efectiva.
Llegar al punto actual en el tratamiento de una ley contra la violencia le ha significado al movimiento de mujeres, una acción continua y sistemática de incidencia durante los últimos tres años, en la que enfrentamos no sólo la insensibilidad frente a la magnitud de la violencia contra las mujeres y las niñas en el país, sino la evasiva constante sobre las responsabilidades del Estado ecuatoriano como garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En su momento, se argumentó que era suficiente con la legislación penal vigente Es decir, normas de carácter punitivo y sancionatorias incluidas en el Código Orgánico Integral Penal de 2014 y con ello, se cercenó la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (conocida como Ley 103), dejándola inutilizada. No podemos dejar de mencionar que lo que sucedió con la Ley 103 hacía parte de una estrategia global de arremetida contra los derechos específicos de las mujeres y de otros sujetos sociales como las personas LGBTI, lxs niñxs y adolescentes, los pueblos y nacionalidades indígenas, las personas con discapacidades, las personas adultas mayores, arremetida que desmanteló no sólo la legislación que estableció en la década de los noventas un conjunto de acciones afirmativas, como es también el caso de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, sino que desdibujó la naturaleza y el rol de los mecanismos nacionales para la igualdad y de todos los mecanismos establecidos en todas las funciones del Estado en los diferentes niveles de gobierno, contraviniendo de manera sistemática los compromisos asumidos por el Estado Ecuatoriano en el marco internacional de derechos humanos de las mujeres y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y Conferencias Internacionales y Regionales de la Mujer. Queremos expresar categóricamente que el compromiso tanto de la Función Ejecutiva con la “Cruzada Nacional por la Erradicación de la Violencia” (Junio, 2017) como del Legislativo para erradicar el feminicidio y la violencia en contra de las mujeres y las niñas (Resolución Legislativa del 11 de Julio/2017), deben plasmarse en un conjunto de cuerpos legales y de políticas públicas debidamente financiadas que, a través de una Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia y el Código Orgánico de Salud, como dos prioridades fundamentales de las mujeres organizadas, aborden de manera integral y complementaria las diversas manifestaciones de las violencias y una acción sistemática del Estado para crear condiciones para una vida libre de discriminaciones y violencias, basada en el respeto, la protección y la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y el conjunto de derechos humanos de las mujeres garantizados en la Constitución de la República, aprobada en 2008. Los retos que plantea la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de las Violencias, constituyen sin duda un gran desafío para el ordenamiento jurídico nacional que históricamente ha tendido a resolver desde una visión fragmentada, unidimensional y muchas veces retórica, las problemáticas que aquejan a la sociedad. Además, estas normas no han establecido acciones efectivas para el cambio de los patrones sociales y culturales machistas, sexistas, misóginos y androcéntricos que están matando, cada 50 horas, a las mujeres y niñas de nuestro país. Estamos conscientes de que la expedición de medidas legislativas son parte de la respuesta ante la problemática de origen multicausal, por ello, creemos necesario y urgente que la Ley Orgánica Integral de Prevención y erradicación de la Violencia contra la Mujer incluya a las mujeres en todas sus diversidades sin excepción. No obstante, las leyes, en sí mismas, no son la panacea. Por sí solas no pueden evitar que las niñas y mujeres sigan muriendo en manos de la violencia machista, por tanto, sabemos también que se necesita de una estrategia nacional conjunta de todos los actores y sectores sociales, económicos y políticos del país, para construir una sociedad justa, igualitaria, basada en el respecto a la dignidad y la vida de las mujeres y las niñas ecuatorianas. Ante la inminente aprobación del Informe para el primer debate del proyecto de Ley en cuestión comunicamos que para nuestras organizaciones, colectivos y movimientos no tendrá mayor valor arribar a esta meta si se persiste en aprobar una Ley declarativa, que no incorpore al conjunto de la institucionalidad pública en el sistema nacional descentralizado para la prevención, protección/atención a las víctimas y sobrevivientes de violencia y reparación de sus derechos, partiendo del anclaje del sistema en los GAD´s a nivel territorial y otorgándoles el mandato, la decisión y los recursos para tomar medidas de protección y articular de manera sostenible políticas públicas locales de prevención, protección y reparación, en articulación estrecha con el sistema nacional de justicia. Tras tantos años de reivindicaciones y lucha, de denuncia nacional e internacional, de marchas, reclamos, recomendaciones de organismos internacionales y reconocimiento estatal respecto a la necesidad de superar el marco normativo actual, entendemos que es posible avanzar. Nuestra paciencia histórica se agota frente al dolor y sufrimiento por la desaparición de las víctimas de feminicidios y abusos sexuales masivos y sus familias en el sistema educativo. Hemos esperado tanto que no aceptaremos una Ley que no cuente con el marco institucional pertinente y los recursos de toda índole, para el tratamiento integral que requiere la erradicación de la violencia. Las mujeres ecuatorianas y el país entero nos merecemos una buena Ley que dé respuestas certeras a la pandemia nacional y global de la violencia. Las organizaciones de la sociedad civil organizada trabajamos hace tiempo en la propuesta de Ley y la Asamblea Nacional hoy tiene la posibilidad de marcar la diferencia. No podemos esperar más. Las y los asambleístas elegidos para el periodo 2017-2021 tienen el privilegio/responsabilidad de plasmar ese compromiso para mantener la prevención, protección, reparación integral y erradicación de la violencia como una prioridad de Estado, causa común supra partidaria que supere las posturas políticas e ideologías legítimas. !Hagamos esa diferencia como país!¡Hagamos esa diferencia, incorporando todas las demandas de las organizaciones feministas y de mujeres del Ecuador! ¡Hagamos la diferencia promoviendo el respeto a la dignidad y la vida de las mujeres. Por el derecho de las mujeres y las niñas ecuatorianas a una vida libre de violencias!
Firmas de apoyo:
Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador
Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo – ACDemocracia
Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales del Ecuador – AMJUPRE
Centro de Desarrollo Alternativo – CEDEAL
Colectivo Feminista Más de Ocho – Ibarra
Colectivo Político Luna Creciente
Colectiva Salud Mujeres Ecuador
Cabildo por las Mujeres del Cantón Cuenca
Confederación Ecuatoriana de Mujeres por el Cambio
Consejo de Mujeres Negras – San Lorenzo
Construyendo Igualdad
Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género
Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador
Coordinadora Regional de Mujeres del Sur
Dirigencia de la Mujer – CONAIEEl Parto es Nuestro
Federación de Mujeres de Sucumbíos
Frente Ecuatoriano de Derechos Sexuales y Reproductivos
Frente de la Mujer Trabajadora de CEOSL
Fundación Desafío
Fundacion Dayuma
Movimiento de Mujeres de Cayambe
Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente
Mujeres por el CambioMujeres por la equidad de género y la autonomía
Mujeres Salasaka
Nosotras por la Democracia
Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Quito
Observatorio Ciudadano de la Comunicación – Cuenca
Organización de Mujeres de Cotopaxi – OMICSE
Organización de Mujeres de Ayora – Cayambe
Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres
Plataforma por la Salud y por la Vida
Red de Mujeres Políticas del Ecuador – REMPE
Red Nacional de Mujeres Locales
Surkuna, Centro de Derechos Humanos
Tejedoras Manabitas – Movimiento de Mujeres de Manabí
Otras organizaciones sociales que adhieren:
Asamblea de Quito
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”
Federación Nacional de Periodistas – FENAPE
Foro de Salud Pública
Fundación EQUIDADFUNDAMEDIOS
Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías
Observatorio de Derechos LGBTI del Azuay
Organización Verde Equilibrante – Cuenca
Participación Ciudadana
Plataforma por la Salud y por la Vida
Plataforma para la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos
La Recomendación General No. 35 del Comité CEDAW, emitida el 15 de julio de 2017, contiene precisiones importantes a los estándares sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
El Comité señala: “En muchos estados, la legislación que aborda la violencia de género contra la mujer sigue siendo inexistente, inadecuada y / o mal implementada. Una erosión de los marcos legales y políticos para eliminar la discriminación o la violencia basada en el género, a menudo justificada en nombre de la tradición, la cultura, la religión o las ideologías fundamentalistas, y reducciones significativas del gasto público, a menudo como parte de las “medidas de austeridad” crisis, debilitan aún más las respuestas estatales. En el contexto de la disminución de los espacios democráticos y el consiguiente deterioro del estado de derecho, todos estos factores permiten la omnipresencia de la violencia de género contra las mujeres y conducen a una cultura de impunidad.
En cuanto a las medidas legislativas generales, la Recomendación establece:
“29.Velar por que todas las formas de violencia de género contra la mujer en todas las esferas, que constituyan una violación de su integridad física, sexual o psicológica, sean penalizadas e introduzcan sin demora o fortalezcan sanciones legales proporcionadas a la gravedad del delito como así como los recursos civiles. 30. Velar por que todos los sistemas jurídicos, incluidos los sistemas jurídicos plurales, protejan a las víctimas / supervivientes de la violencia de género contra la mujer y garanticen su acceso a la justicia y un recurso efectivo de conformidad con las orientaciones de la Recomendación general Nº 33 (2015). 31. Derogar todas las disposiciones legales que discriminan a la mujer y, de este modo, consagrar, alentar, facilitar, justificar o tolerar cualquier forma de violencia de género en su contra; incluso en las leyes consuetudinarias, religiosas e indígenas. En particular, derogar: a) Disposiciones que permitan, toleren o condonen formas de violencia de género contra la mujer, incluido el matrimonio forzado y otras prácticas nocivas, disposiciones que permitan procedimientos médicos a las mujeres con discapacidad sin su consentimiento informado, así como legislación que criminaliza el aborto, ser lesbianas, bisexuales o transexuales, las mujeres en la prostitución, el adulterio o cualquier otra disposición penal que afecte a las mujeres de manera desproporcionada, incluidas las que resultan en la aplicación discriminatoria de la pena de muerte a las mujeres. b) Las normas y procedimientos discriminatorios de prueba, incluidos los procedimientos que permiten la privación de libertad de las mujeres para protegerlas de la violencia, las prácticas centradas en la “virginidad” y las defensas legales o los factores atenuantes basados en la cultura, la religión o los privilegios masculinos, defensa del honor “, disculpas tradicionales, indultos de las familias de las víctimas / supervivientes o el posterior matrimonio de la víctima / sobreviviente de agresión sexual con el autor, los procedimientos que dan lugar a penas más severas, incluyendo la lapidación, así como las prácticas judiciales que ignoran una historia de violencia de género en detrimento de las mujeres acusadas. c) Todas las leyes que impidan o disuaden a las mujeres de denunciar la violencia de género, tales como las leyes de tutela que privan a las mujeres de capacidad legal o restringen la capacidad de las mujeres con discapacidad de testificar ante los tribunales; la práctica de la llamada “custodia protectora”; leyes de inmigración restrictivas que desalienten a las mujeres, incluidas las trabajadoras domésticas migrantes, de denunciar esta violencia, así como leyes que permitan detenciones duales en casos de violencia doméstica o procesamiento de mujeres cuando el autor es absuelto entre otras.”
La Coalición Nacional de Mujeres realizó en Quito un Taller de Análisis de los proyectos del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y el del Ejecutivo. En el evento participaron 30 lideresas de las organizaciones miembros de la Coalición Nacional de Mujeres. El compromiso asumido es desarrollar propuestas para el capítulo de los sistemas de prevención y protección de derechos de las mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de violencias de género. El primero de ellos se realizará en Riobamba, el 20 de setiembre próximo para recoger los aportes de las mujeres indígenas del país. Mayor información: coalicionmujeresecuador@gmail.com
“Avanzamos juntos por un objetivo común: ni una menos, las queremos íntegras, vivas. Ni una sola nos puede faltar”, con esas palabras Lenín Moreno, presidente de la República, entregó a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. La respuesta del Parlamento fue inmediata y contundente.
José Serrano Salgado, titular de la Legislatura, aseguró que el Pleno conformará una comisión ocasional especializada que analizará todos los proyectos de prevención y lucha contra la violencia de género. El próximo 25 de noviembre se debatirá en segunda instancia. En esa fecha importante, que se celebra el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, la Asamblea Nacional hará un homenaje no solo a este sector, sino a la sociedad.
“Hacemos nuestras sus palabras: ni una menos. Pero también, a todos los hombres reiteramos que nuestra sociedad requiere que tengamos menos machos y más hombres”, enfatizó Serrano. Para el Presidente, la igualdad de género es un factor preponderante para el desarrollo humano, político, económico y para la consolidación de nuestra democracia.
Lenín Moreno entregó el documento acompañado de un grupo de mujeres, quienes representaban a otras que acudieron al Pleno para presenciar este acto, calificado por Rosana Alavarado como histórico. La Ministra de Justicia aclaró que el cuerpo legal se construyó sobre la base del diálogo y participación de organizaciones y colectivos de mujeres. Para respaldar esta propuesta, también acudió el gabinete ampliado.
Propuesta
Lenín Moreno explicó que el proyecto establece mecanismo para prevenir la violencia de género, ordena al Estado proteger y resguardar la integridad de las mujeres, así como educar a la sociedad para cambiar esquemas discriminatorios, excluyentes y machistas: “sabemos que una ley no soluciona los problemas, pero ayuda a resolverlos”, sostuvo.
Fue su secretaria de Estado, Rosana Alvarado, la que profundizó en la propuesta, al enfatizar que el objetivo es erradicar la violencia y modificar patrones socioculturales , así como estereotipos que naturalizan y perpetúan estos hechos.
Para Alvarado, aunque se ha avanzado en temas como la tipificación del femicidio, el combate a la violencia contra la mujer requiere de integralidad, para que cubra todas sus formas y manifestaciones.
Explicó que la norma pone el acento en la información y prevención, por lo que incluye el sistema nacional de prevención, atención inmediata y reparación. Además, coordina medidas, políticas, planes, programas, acciones y procesos administrativos, que serán desarrollados por todo el Estado
“Nunca más la indiferencia, la normalización de la violencia. Ni una menos, vivas nos queremos”, acentuó Alvarado. Mientras, el presidente Moreno reiteró el compromiso “profundo” con las mujeres. “Es su tiempo, es su historia. Estamos con ustedes, Ecuador está con ustedes”.
“Pocas veces la primera autoridad llega a este recinto a entregar un proyecto. Lo hice cuando era Vicepresidente para entregar el Proyecto de Ley de Discapacidades, porque era un tema sensible, urgente y necesario, y lo hago ahora como Presidente, porque se trata de una realidad que nos sacude, avergüenza e indigna”, destacó.
Estadísticas
Durante el acto de entrega del proyecto intervino también Sonia Salamea, representante de organizaciones de mujeres, quien aseguró que seis de cada diez mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia y que el 62 % de estos casos se generan por sus parejas o exparejas. Contó que 72 personas perdieron la vida en este año por femicidio. Pidió un debate serio e inmediato del proyecto y agradeció que las autoridades visibilicen este problema.
El proyecto de Ley de violencia de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos constituyó una oportunidad para el desarrollo diálogo constructivo entre los movimientos de mujeres, niñez y LGBTTI, fortaleciendo nuestras alianzas y una marcha conjunta en la exigibilidad de nuestros derechos específicos en el mediano y largo plazos.
Coincidimos en señalar que lamentablemente el anteproyecto de Ley inicial de violencia de género del Ministerio de Justicia, está orientado a profundizar la ruta anti derechos específicos de las personas, contradiciendo el mandato constitucional y los estándares internacionales adoptados por el Ecuador.
Desde la visión de los movimientos sociales, juntar a todos los sujetos de derechos en un solo cuerpo legal omite las especificidades de los mismos, de sus condiciones diversas y de las características de las discriminaciones y violencias, consolidando la tradición jurídica de institucionalizar la condición de segunda clase para las mujeres y las niñas, y contraviniendo los estándares internacionales de derechos humanos.
Coincidimos en exigir que el sujeto de la Ley propuesta desde el Ministerio de Justicia deben ser las mujeres y niñas en todo su ciclo de vida y en todas sus diversidades.
De otra parte, considerando el enfoque multidimensional que requieren las violencias, es imprescindible que la “Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres”, guarde coherencia con la normativa relacionada, así por ejemplo el Código Orgánico de Salud es una de las leyes con las cuales establece íntima sinergia, por lo tanto sus contenidos deberán responder a la armonía necesaria entre los mismos.
En concordancia con el mandato constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos, es necesario desarrollar leyes específicas para prevenir y erradicar las violencias de género, contra los sujetos de derechos específicos, por ello proponemos desarrollar dos cuerpos legales especializados “Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres” en todas sus condiciones y diversidades; y Ley Orgánica Integral de prevención y erradicación de las violencias de género contra la población LGBTI. Ambas leyes pasarían a constituir el Código Orgánico Integral de prevención y erradicación de las violencias de género.
El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres presentó oficialmente el Proyecto de Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la Mujer El Presidente de la Asamblea Nacional José Serrano agradeció los aportes de las organizaciones de mujeres y señaló que las mujeres ecuatorianas contaremos con la Ley antes del 25 de Noviembre de 2017.Rocío Rosero, a nombre de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador destacó la apertura democrática de la Asamblea Nacional y expresó la importancia de la participación de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en el proceso de construcción de la Ley.
La Asambleísta Mónica Alemán, Coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres presentó oficialmente el Proyecto de Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la Mujer El Presidente de la Asamblea Nacional José Serrano, agradeció los aportes de las organizaciones de mujeres y señaló que las mujeres ecuatorianas contaremos con la Ley antes del 25 de Noviembre de 2017.Rocío Rosero, a nombre de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador destacó la apertura democrática de la Asamblea Nacional y expresó la importancia de la participación de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en el proceso de construcción de la Ley.
